Por Diego Mendoza

Con gran facilidad y frecuencia uno consigue artículos o escucha a personas en las calles diciendo que la causa de nuestra calamidad nacional se debe a “la picardía del venezolano”, a eso que han disfrutado en llamar “la viveza criolla”, un calificativo que usan para mostrarnos como individuos llenos de vicios, condenados a la miseria por algún extraño tipo de herencia genética.

Lamentablemente muchos de los considerados intelectuales del país, fueron o siguen siendo grandes difusores de estos conceptos que condenan a toda una sociedad a la que califican de “inmadura, inculta y corrupta”, sin percatarse que ellos mismos forman parte de esta. Su retórica ha sido la coartada perfecta para que los políticos intervengan en la vida de las personas puesto que, alientan con loas el gobierno de los expertos, de los planificadores que se supone deben civilizar y conducir a la masa ignorante y salvaje. Los políticos del Estado son entonces un grupo selecto que por venia bendita nació de una sociedad condenada con el propósito de conducir el rebaño al verdadero camino de la prosperidad y la felicidad. Sería en fin, el gobierno de los filósofos que proponía Platón en el VI libro de La República.

La mayoría de nuestros políticos junto a estos intelectuales se han esmerado desde hace años por procurar que el individuo no crezca, que sea dependiente del Estado, porque según argumentan, si se deja en manos de las personas el control sobre sus propias vidas el país se destruiría. Paradójicamente para ellos, el país yace destruido actualmente pese a que se aplicó esta fórmula maestra. Pero aceptar que el modelo no funciona es una garrafal derrota que nunca han estado determinados a aceptar, por lo que se debe buscar un culpable del fracaso.

¡Bingo! Ese culpable es el individuo que ellos gobiernan. Las ansias de lucro y el egoísmo los dañan y hacen que el sistema no pueda funcionar correctamente. Estas personas serían entonces las que vendían la gasolina que recién habían comprado, o las que ofrecían dinero para ser los primeros en la lista de operaciones del hospital. O las que ofrecían un soborno para hacerse con un cupo en el sistema de venta de divisas.

Curiosamente, los políticos e intelectuales no saben responder cuando se les pregunta si se puede considerar un delito el vender algo que hemos adquirido honestamente como la gasolina, o si es un delito ofrecer más dinero a cambio de una operación porque sencillamente la valoramos más, o estar dispuestos a pagar más por otra moneda. Para ellos son delitos por la simple razón de que viola normas que ellos mismo escribieron en un papel, sin importar cuánto sentido tengan.

En nuestro país los dirigentes del Estado han actuado de manera apasionada al momento de quitarle libertades a los individuos, claro que no lo presentan de esta manera, suena mejor cuando dicen que están quitando un peso de encima, una preocupación o responsabilidad, y que todo se hace en nombre de la igualdad y la justicia social.

Así es como el Estado ha intervenido sigilosamente para encargarse por ejemplo de monopolizar el surtido de gasolina; para desempeñar labores dentro del sector salud a través de los hospitales estatales; o para llevar a cabo la venta de divisas. Con cada intervención en cualquier área automáticamente se tiene por efecto la distorsión de los incentivos a los que cualquier persona atiende en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades.

Una lección:en el caso puntual de la venta de gasolina, el Estado se encargó de imponer un subsidio, vendiéndole muy por debajo del precio de mercado, en otras palabras, el precio que las personas están dispuestas a pagar de manera voluntaria. Ello creó como era de esperarse, un mercado paralelo que es de por sí el mercado real, y no la ficción que el aparato estatal trata de imponer. Las personas se percataron de la diferencia de precio que surgió, que generaba una amplia ganancia y como es natural se aventuraron a obtenerla. Su acción era llanamente comprar en un mercado cierta cantidad de gasolina, para venderlo en otro, logrando un beneficio. El delito no se aprecia por ningún lado, pero el Estado concluyó que esto se debía etiquetar como un delito de extracción de recursos, “un vil saqueo al país”.

Por años este discurso se repitió una y otra vez, hasta que se consiguió el cometido de hacer ver como delincuentes a quienes efectuaban este negocio. Al Estado no se le ocurrió que mantener el subsidio era una medida absurda que distorsionaba el mercado y además hacía necesario gastar otras enormes sumas de dinero combatiendo el supuesto negocio ilícito.

En lo referente a los denominados hospitales públicos, lo común como en cualquier país donde se desarrollan estas políticas, es que existieran largas listas de espera para acceder al beneficio del subsidio de una operación, por lo que las personas con mayor urgencia estaban dispuestas a ofrecer dinero a cambio de su pronta atención, de cualquier manera esto representaba una ventaja al tener que realizar un desembolso menor que al ir a un hospital privado.

Las personas según la lógica de las autoridades estatales, habrían cometido el grave delito de evaluar las posibilidades y decantarse por aquella que le representa un menor gasto. Todavía hoy se niegan a aceptar que es su intervención en el servicio médico la que ocasiona problemas que de otra manera serían inexistentes.

Algo muy similar ocurría con el sistema de divisas al ser el Estado directamente un proveedor, este las vendía a un precio irreal, es decir, muy por debajo al hallado en el mercado, por lo que se creaba el incentivo perfecto para comprarle, e incluso para procurarse un cargo en la entidad encargada de administrarlas, pues ello significaba la posibilidad de hacerse con sobornos para agilizar la entrega de divisas ante la maraña de trámites burocráticos impuestos. La explicación que dieron las autoridades estatales era la de siempre, que el dinero corrompía el espíritu de ciertas personas haciendo inviable el sistema adoptado. Cabría preguntarse si los mismos problemas existen en las casas de cambio privadas donde el precio de las divisas se rige por la actividad libre de mercado.

Sucesos parecidos se presentaron cuando al Estado se le ocurrió fijar precios como respuesta al aumento que se venía apreciando en ciertos bienes a raíz de la inflación perpetrada desde el Banco Central. Los bienes empezaron a escasear ya que nadie en su sano juicio –fuera del Estado- está dispuesto a producir a pérdida. Por suerte, nuevamente el mercado real surgió – aunque bajo constante asedio – cuando los productores, muchas veces por medio de las grandes cadenas de supermercados, vendían los productos regulados a personas dispuestas a correr los riegos de venderlos desde sus casa al precio que espontáneamente se iba creando. Las personas que hacían esto fueron rápidamente bautizadas de manera despectiva por los políticos como “bachaqueros”, y se les adjudicaron los mismísimos problemas de desabastecimiento e inflación. Los organismos de seguridad se encargaban de tenderles trampas para ponerlos bajo arresto y robarles estos productos que comercializaban.

Como se puede notar, las autoridades estatales han sido expertas en crear delitos irracionales para evadir sus responsabilidades cuando las políticas experimentadas conducen a una situación de malestar e inviabilidad. Por infortunio, muchas veces este discurso cala en la mayoría de individuos de la sociedad quienes empiezan a ver al prójimo como un enemigo del progreso y el orden, y llegan al punto de considerar que los males padecidos no se deben a la implementación de directrices erradas, sino a un inconveniente cultural donde el ansia de lucro y el egoísmo corrompe el espíritu de los individuos.

Parece que cuesta más el percatarse de que es precisamente la intervención del Estado la que redirecciona los incentivos hacia sí mismo, de tal manera que pertenecer al Estado o hacer tratos con este es un negocio que genera importantes beneficios.

En conclusión, lo que debemos buscar con temple es la salida del Estado de la actividad económica, puesto que su participación en la misma siempre significará el entorpecimiento de los procesos que de manera voluntaria realizamos a diario. Y que si la “picardía del venezolano” o la “viveza criolla” es el título otorgado a nuestro afán por consolidar la libertad individual, entonces la tarea está clara: hay que defender y fomentar la Viveza Criolla.

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