Una política de la pasada administración de Donald Trump sería parte del marco migratorio dirigido a los migrantes venezolanos

Por Diego Mendoza

El pasado 12 de octubre el gobierno de los Estados Unidos anunció un nuevo programa migratorio que busca una migración ordenada y formal de los venezolanos.

La medida contempla que los venezolanos que deseen ingresar a territorio norteamericano deben contactar a un ciudadano estadounidense o a un residente legal que los apoye en su recepción, el cual será sometido a examen al igual que el aspirante a ingresar al país. De ambos aprobar, la persona que se encuentra en Estados Unidos debe reservar y pagar el vuelo del migrante.

El programa fue aprobado en un momento en el que la cantidad de venezolanos que intentaban ingresar al país mostraba un aumento exponencial.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de E.E.U.U., entre enero y julio 2022, 71.022 venezolanos fueron interceptados en la frontera sur del país, lo que representó el doble de los casos registrados en el mismo periodo del año anterior.

Grupos numerosos de estos venezolanos llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos luego de atravesar caminando diferentes países de Centroamérica.

En el largo trayecto resalta el peligroso paso por la selva del Darién, al sur de Panamá, donde datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, apuntan que 107.000 venezolanos habrían cruzado en los primeros nueve meses del año, lo que representó el 70% del total de migrantes en tránsito.

La movilidad humana venezolana, como sugiere Osorio que se debe denominar, puesto que con este término se incluye a migrantes, refugiados y exiliados, “inició su sentido sur – norte luego que los países de la región flexibilizaran las políticas de bioseguridad al registrar un descenso en los casos de COVID”.

Un punto importante a tener en cuenta, puesto que el Título 42 que fue reactivado junto con el nuevo programa migratorio para venezolanos, y que data de la antigua administración de Donald Trump, fue aprobado durante la pandemia y avala deportar a migrantes por razones de seguridad para la salud pública.

En palabras de Páez, también coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, “el gobierno estadounidense buscó por un lado con el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) regular la situación de los venezolanos que estaban en el país, y ahora con esta medida extraordinaria, trata de frenar la migración irregular en su frontera sur”.

El experto advierte que un efecto de esta medida de control en la movilidad en la frontera es que “pueden comenzar a crecer las industrias de coyotes y de trata de personas, a raíz de que la gente va a seguir buscando mejores condiciones de vida”.

Punto de vista que comparte con Osorio, quien resalta la importancia de estudiar las causas que precipitaron la movilidad humana venezolana en el lugar de origen. Para el sociólogo, “además se debe tomar en cuenta las circunstancias políticas, sociales y culturales, de los denominados países de tránsito donde se habían asentado miles de los venezolanos que emprendieron viaje hacia los E.E.U.U.”.

En este sentido, argumenta que “hasta no llegar a una solución de las condiciones de vida en Venezuela, se va seguir evidenciando una circulación de la movilidad humana venezolana”, que en cierta medida reactivó su tránsito a gran escala debido a la situación derivada de la paralización de la economía durante la pandemia.

Mientras que parte de las circunstancias que llevaron al gobierno estadounidense como punto de desino a asumir un nuevo programa migratorio hacia los venezolanos, “puede obedecer a un esfuerzo entre el partido Demócrata y Republicano por llegar a un acuerdo que evite que la migración se convierta en un arma arrojadiza para acusarse entre unos y otros”, señala Tomás Páez.

Por lo que resulta importante acotar que la medida fue tomada a escazas semanas de las elecciones del ocho de noviembre, donde se escogen nuevos representantes para ambas cámaras del Congreso, y que son consideradas como una especie de referéndum para la administración de turno, en un país que vive una creciente polarización, y que según el mismo presidente Joe Biden, podría enfrentar una “leve recesión”.

De aquí que “para el gobierno estadounidense sea trascendental lograr soluciones palpables para el caso venezolano, de cara a un 2023 sobre el que existen proyecciones poco alentadoras en cuanto a la actividad económica a nivel global”, advierte Osorio.

En cuanto a la posibilidad de que la medida sea adoptada por otros países de la región, Tomás Páez menciona que lo observado hasta el momento, sobre todo en Brasil y Colombia, evidencia que “Latinoamérica ha tenido políticas de alto calibre aceptando a la diáspora venezolana, por lo que el mundo podría aprender mucho de esto”. Idea a la que Emilio Osorio le agrega “la posibilidad de que E.E.U.U. siga teniendo la necesidad de apoyar financieramente a los países de acogida mientras se llega a una solución en el punto de origen”.

Publicado por primera vez el 21 de octubre de 2022 en Diario La Nación del Táchira, Venezuela

Comparte este artículo:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *