El crimen organizado siempre necesita de un Estado corrupto para existir. No hay excepciones

Por Jorge Chacón Solar

Para explicar esto de un mejor modo, invito al lector a visualizar el funcionamiento del crimen organizado como una estructura de tres niveles. En el primer nivel, el más bajo y numeroso, está el hampa común. Acá entran los vendedores de droga de la calle, los sicarios, los «motochoros» o los que recogen el dinero de las extorsiones y los préstamos con usura.

El segundo nivel está reservado para la estructura legal y la económico-financiera. Incluye a los especialistas en lavado de activos, testaferros y otros delitos de cuello blanco, de igual forma incluye a los abogados y funcionarios del servicio judicial que defienden a los criminales con sobornos o extorsiones y crean impunidad. También se deben sumar a los influencers, medios de comunicación, directores de ONG, defensores de Derechos Humanos e incluso líderes religiosos y sociales que se prestan voluntaria e involuntariamente para defender a los criminales.

En tercer lugar, por arriba, está la clase política. En ciertos lugares y en determinadas épocas, la relación entre organizaciones criminales y partidos políticos es tan estrecha que resulta imposible separar a una de la otra. Hace algunas décadas, cuando el fenómeno de los grandes cárteles del narcotráfico era relativamente nuevo, los políticos buscaban en las organizaciones criminales una fuente de financiamiento de sus campañas y estas exigían apoyo político que les garantizara impunidad y la continuidad de sus negocios. Existía una complejo equilibrio de codependencia. Hoy en día, son los mismos criminales quienes ejercen un control total sobre los políticos. En algunos casos, son los mismos criminales quienes se lanzan a la política.

Cada uno de estos tres niveles paga sobornos y genera rentas a las mismas estructuras del Estado asociadas a cada uno de estos tres niveles. El vendedor de droga en la calle, le paga dinero a los policías que patrullan esa calle. El criminal que trabaja con un abogado penalista corrupto, paga sobornos a los jueces, fiscales y gerentes de bancos con quienes debe entenderse. El jefe criminal que trabaja con políticos, paga sobornos a los políticos de su mismo nivel.

Con esto no quiero generalizar y afirmar que todos los jueces, fiscales, policías o abogados son corruptos, pero es sabido por todos que así funciona el sistema.

Un elemento a tomar en consideración es que la estructura criminal comparte una curiosa dualidad. por un lado es muy estática y rígida para mantener el control de sus operaciones, puesto que solamente de esa forma puede someter territorios y ganar poder sobre sociedades enteras. Entonces, nunca deja de operar. Tiene sus propios códigos, juramentos, reglas internas, que se hacen respetar a sangre. Pero por otro lado, es muy dinámica y por eso es que logra adaptarse y crecer rápidamente. La mejor muestra de este dinamismo es que logra reemplazar de forma casi inmediata a cualquier miembro cuando éste es capturado o asesinado. La estructura tiene muchos roles y quienes desempeñan esos roles son sustituidos fácilmente. Para poner un ejemplo, un proceso judicial de lavado de activos puede demorar 10 años en llegar a sentencia de primera instancia, mientras que reemplazar a un lavador de activos demora 10 minutos. Esto significa que el Estado y los servicios de seguridad deben destinar 10 años de tiempo para procesar a una persona de cuya pérdida la organización criminal se repuso en pocos minutos.

Es imposible combatir el crimen de esta forma.

Ecuador nos da un ejemplo claro de lo peligroso que resultan las actividades del crimen organizado. Un país muy seguro en la región y con una calidad de vida alta para estándares Latinoamericanos que se convirtió en pocos años en un país violento, con masacres, asesinatos de alto impacto (como el del candidato presidencial Villavicencio en el 2023) y avanza a pasos agigantados hacia el terrible honor de ser el puerto de la cocaína sudamericana.

¿Qué pasó en Ecuador?

Aunque en este artículo no examinaremos a profundidad la situación política y de seguridad de Ecuador, sí mencionaremos unos hechos clave que aumentaron los índices de violencia en ese país. El primero de ellos se remonta al año 2010 con la crisis política del 30 de septiembre de ese mismo año en contra del presidente de ese entonces Rafael Correa. Después de los eventos, el gobierno despidió a funcionarios de los servicios de inteligencia, policiales y militares bajo la sospecha de haber intentado socavar el orden institucional. Como consecuencia, se erosiona la confianza entre el ejecutivo y sus fuerzas de seguridad, que es un elemento absolutamente fundamental para la lucha contra el crimen organizado.

En segundo lugar, la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia en el año 2016 modificó el mapa criminal de la región y trasladó combatientes colombianos a territorio ecuatoriano. En tercer lugar, el terremoto de ese mismo año obligó a las fuerzas armadas ecuatorianas a movilizar recursos para atender la emergencia y generó vacíos en zonas que fueron aprovechados inmediatamente por el crimen organizado. En cuarto lugar, el escándalo de Odebrecht, también en el 2016, demostró que la corrupción era generalizada. El portal de noticias Código Vidrio reveló el entramado de pactos, acuerdos y negociaciones entre políticos, funcionarios y empresarios relacionados con la empresa constructora brasileña.

Ecuador es hoy en día, un Estado indefenso. No tanto porque no tenga las capacidades militares, policiales y de inteligencia para hacerle frente a la amenaza; sino porque la inmensa mayoría de su liderazgo político es profundamente incompetente y corrupta, como en cualquier otro país de Latinoamérica.

Afortunadamente para Ecuador y el resto de la región, existen funcionarios que luchan contra la narcopolítica. Para muestra, un botón. La operación metástasis, llevada a cabo por la fiscalía ecuatoriana a finales del año 2023, fue la más grande y  contundente contra la corrupción y el narcotráfico en la historia del país. Jueces, fiscales, policías fueron capturados a lo largo y ancho del territorio nacional.

Lamentablemente, esta operación es una aguja en un pajar. La situación de Ecuador es muy grave. Tan grave que no es poco frecuente que las autoridades europeas encuentren en sus puertos alijos de cocaína ocultos en las exportaciones ecuatorianas de banano. En agosto de 2023 fueron incautadas 9 toneladas en España. Ese mismo mes en los Países Bajos: 8 toneladas. También ese mismo verano, 1.2 toneladas en Alemania y pocos días antes 800 kilogramos en Noruega. Además en mayo de 2023, fueron incautadas 2.7 toneladas en Italia.

Resulta evidente preguntarse, ¿dónde son sembradas estas bananas con la droga? y todavía más, ¿quiénes la siembran?

Recordemos lo dicho al inicio del artículo: el crimen organizado siempre funciona ahí donde haya un Estado corrupto, y si no hay un Estado corrupto, entonces lo corrompe. Es muy inteligente para entender cómo debilitar la estructura del Estado hasta que este se convierte en un aliado para sus actividades ilícitas. Las actividades criminales de larga duración siempre se hacen de la mano de funcionarios políticos corruptos, no hay excepción.

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