Por Diego Mendoza
El carismático mandatario ha sido uno de los políticos que han marcado la historia de Venezuela. Sus dos períodos presidenciales han supuesto un antes y un después en la vida del país, al punto que su figura sigue generando amplios debates.
Parte I: El candidato
Carlos Andrés Pérez, candidato de Acción Democrática (AD), con un total de 3.879.024 votos, lo equivalente al 52,91% de la población electoral, se convierte aquel cuatro de diciembre de 1988 en presidente de la república para el periodo correspondiente al lapso del dos de febrero de 1989 al dos de febrero de 1994. Sería el séptimo presidente de la era democrática iniciada en 1959, y el primero en haber conseguido ser nuevamente electo tras su mandato de 1974 – 1979.
Por detrás suyo en el proceso electoral quedó Eduardo Fernández, candidato del Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), con 2.963.0015 votos, es decir, el 43,26%.
En las elecciones al Congreso de República que se celebraban a la par, AD logró 97 escaños de los 291 que componían la Cámara de Diputados, y 22 escaños de los 46 que componían el Senado. Esto quería decir que el recién electo presidente no contaba con mayoría absoluta dentro del epicentro del poder legislativo.
Antecedentes
Durante la administración de Jaime Lusinchi, la cual fue predecesora de la administración de Pérez, se desarrollaron ciertas políticas, como destacan Alexandra Toro y Vanessa Zabala en su obra: Golpes y juicios a un sistema en crisis: treinta y seis años de historia en Venezuela, que condujeron al país a tener serios problemas socioeconómicos a los que Carlos Andrés Pérez debió hacer frente. Con las reservas internacionales en descenso, pasando de los 13.750 millones de dólares en 1985, a los 6.671 millones a finales de 1988, y una inflación de 35,5%, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), el nuevo jefe de estado llegaba al cargo con la propuesta de corregir los errores del pasado y encauzar al país a un nuevo sistema que le garantizara la prosperidad.
El primer gran reto que enfrentó Carlos Andrés Pérez antes de salir triunfante en la contienda electoral, fue a nivel interno de su partido, donde debió reunir los simpatizantes necesarios para ganar la candidatura de Acción Democrática. Por tal razón, tuvo que diseñar una propuesta más llamativa que la de su principal contrincante, Octavio Lepage.
La idea de la reelección suscitó fuertes discusiones, llevando a revivir el escándalo de corrupción al final de su primer mandato, conocido como el “Caso Sierra Nevada”, referente a la supuesta compra con sobreprecio de un buque. Pese a esto, CAP consiguió hacerse con la candidatura, obteniendo el importante apoyo de militantes como Luis Alfaro Ucero, David Morales Bello, y Reinaldo Figueredo Planchart, estos dos últimos presidieron su comando de campaña.
La galopante inflación, el aumento de la deuda externa (35 mil millones de dólares) y del déficit público (6,3% del P.I.B.), y el controversial suceso del Amparo, donde fueron abatidas por parte de un comando especial de funcionarios de seguridad, 14 personas que la opinión pública no terminaba de concluir si eran guerrilleros o inocentes pescadores, fueron parte de los problemas que intentó sin éxito utilizar Eduardo Fernández contra Carlos Andrés en vista de que acontecieron durante la administración saliente de Jaime Lusinchi, quien también pertenecía a AD.
Parte II: los primeros 27 días
Habían transcurrido 15 años desde la primera vez que Carlos Andrés Pérez había sido electo presidente. Su toma posesión el dos de febrero de 1989 se podría asumir como un presagio de lo que sería su periodo presidencial debido a lo llamativa que fue, pues la misma no se realizó como de costumbre en el hemiciclo del Palacio Legislativo, sino que tuvo lugar en el Teatro Teresa Carreño.
Durante su discurso de aproximadamente 50 minutos, despuntan las siguientes frases:
“[…] este será el primero de una serie de años de reformas. Sería irresponsable proponer tímidos correctivos que sólo agravarían la crisis. No podemos lograr la independencia económica sin disciplina, productividad y sacrificio […]”
Para finalizar diciendo:
“Venezuela se enfrenta a una nueva realidad latinoamericana y mundial con espíritu de conciliación, de solidaridad y de cooperación con todos los países y con todos los pueblos de la tierra […]. Hoy es una fecha de cambios, de esperanza, de esfuerzos comunes y de logros colectivos. Manos a la obra.”
Ya a las 11:30 de la mañana había un nuevo mandatario que habitaría La Casona. José Rojas en un artículo para El Diario de Caracas, titulado “Auge y caída de un líder”, de fecha 21 de mayo de 1993, describe lo que ocurrió una vez levantada la toma de posesión, dando paso a una gala a los distintos invitados. “Allí fueron servidas 200 botellas de Scotch; 650 mil pasapalos; 20 piernas de res; 209 corderos y 10 buffets.”
Un CAP que durante su campaña puso en juicio las decisiones tomadas por todos los presidentes de la era democrática, incluyendo las propias, parecía el hombre más sabio para redirigir la vida política, social y económica de la que era para el momento una de las democracias más duraderas de Latinoamérica.
El 17 de febrero daba los primeros pasos que creía pertinentes para alcanzar las metas propuestas al anunciar al país el programa de ajustes económicos que llevó en un comienzo el nombre de “paquete económico”. En el mismo se dictaban lineamientos como la liberación del tipo de cambio, la reducción de los aranceles, el aumento en los precios del combustible, transporte, servicio eléctrico y telefonía, así como el impuesto a las ventas, y el aumento de salario mínimo, de las pensiones, jubilaciones, y de los sueldos para los empleados públicos, medida que iba acompañada por algunos programas de las denominadas ayudas sociales como fue la creación de los hogares de cuidado diario, las becas de alimentación para niños, y el subsidio directo a los considerados bienes esenciales de la cesta básica de alimentos.
Pérez argumentó que eran parte de los pasos necesarios a dar para lograr la modernización económica y social del país y que, si bien al principio podría ser complicado el proceso de ajuste, este sólo sería momentáneo.
Dentro de las acciones emprendidas estuvo la privatización de empresas estatales, puesto que, para 1989 el déficit de las mismas representaba la cantidad de 8.075 millones de dólares.
Algunas de las empresas que fueron total o parcialmente privatizadas desde 1990 hasta 1991:
-Banco Occidental de Descuento
-Banco Italo Venezolano
-Banco República
-Administración de los Puertos
-Viasa
-CANTV
Esto le permitió al Estado obtener ingresos superiores a los 127.350 millones de bolívares.
Muchas de estas directrices asumidas, fueron parte de los acuerdos a los que se llegó con las instituciones financieras internacionales. Fue así como el Fondo Monetario Internacional (FMI) accedió a dar préstamo por cinco mil millones de dólares, como el propio presidente lo dejó claro en entrevista concedida a Alexandra Toro y Vanessa Zabala, al sostener que: “[…] debimos presentar una carta al Banco Mundial, en donde Venezuela sentaba su posición y lo que estaba dispuesta a hacer. Esta carta fue discutida en el Congreso y sobre esta base nos abrieron los préstamos del Banco Mundial y de todos los entes multinacionales de crédito.”
Con pasos firmes y actitud positiva, Pérez dejó sobre su escritorio la pluma rebosante de tinta con la cual daría inicio a lo que consideraba un nuevo ciclo de la vida nacional, un gran viraje.
Parte III: la sacudida
El lunes 27 de febrero de 1989, se tenía como fecha fijada para firmar la “Carta de Intención” con el FMI. Los hechos que se suscitaron en varias zonas de la capital, o cercanas a esta, fueron de tal magnitud que aún en el presente, causa profundas discusiones. Aquel día, la cámara de un canal de televisión nacional inició grabando un pleito acaecido entre un chofer de autobús, y un pasajero. El primero estaba cobrando una nueva tarifa de pasaje, y el segundo se negaba rotundamente a pagar. La oposición del pasajero llevó a que cada vez más usuarios asumieran su decisión, y el chofer del autobús no tuvo más remedio que apagar el motor y declarar que no iba a laborar.
El episodio se repitió en varios terminales y paradas de la ciudad, y posteriormente se vieron en vivo y directo imágenes de individuos cerrando con toda clase de obstáculos varias calles y avenidas del área metropolitana de Caracas. Las protestas derivaron en actos vandálicos donde se quemaron autobuses, carros particulares, se saquearon negocios, y se intentó el ingreso a residencias. Ante tal panorama, el presidente ordenó suspender las garantías constitucionales y militarizar las zonas más afectadas. Su discurso al país en la tarde del martes 28 de febrero, fue de calma y de reflexión, teniendo como lectura de la principal causa del desorden, la situación de injusticia e incertidumbre que durante mucho tiempo contuvo la sociedad, y que “un pretexto cualquiera produjo la chispa que hizo saltar la protesta popular.”
Por infortunio, la serenidad que adoptó ante las cámaras de televisión no consiguió impregnar a todos los ciudadanos, y las protestas se extendieron durante tres días, por lo que la suspensión de garantías persistió, y, además, se procedió a dictar el toque de queda a nivel nacional en vista de que, en ciudades como Mérida, Valencia, Barquisimeto, Maracay y Ciudad Guayana, se empezaba a reportar el mismo clima hostil. Escasamente habían transcurrido 25 días desde la toma de posesión, cuando ya Carlos Andrés Pérez era golpeado con un episodio que para muchos sigue siendo único en la historia del país.
Ese mismo año, el 26 de julio, renuncian todos los ministros en pro de la reestructuración del gabinete, esperando que la nueva formación permita que actores políticos de otros partidos tengan mayor participación y así se logre el apoyo a las políticas preparadas.
Más adelante, se llevaron a cabo las primeras elecciones para elegir las autoridades regionales, como parte del compromiso asumido desde hacía unos años atrás de descentralizar el poder. También, se dio paso a la apertura de investigaciones y denuncias de corrupción que señalaban directamente a altos funcionarios del gobierno anterior, como fue el caso de la denuncia contra el expresidente Lusinchi por la supuesta compra de 65 automóviles marca Jeep con dinero proveniente de la Partida Secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, para ser utilizados en campañas políticas. De manera similar, la administración dirigida por Pérez se vio inmiscuida en la denuncia del robo de 400 millones de Bolívares del Tesoro Nacional a través de los llamados bonos de exportación. En ello estarían involucrados funcionarios del Ministerio de Hacienda, de la Fuerza Armada Nacional, y de ciertos bancos.
A nivel internacional, habría un evento con repercusiones que algunos podrían tomar como positivas para el Estado. La conocida como Guerra del Golfo trajo consigo un efímero aumento en los precios del barril de petróleo, por ende, aumentaban los ingresos a la nación, esto se tradujo rápidamente en una oportunidad para emprender algunas políticas sociales y con ello apaciguar las demandas existentes. El Programa de Ayuda Materno Infantil (PAMI) fue un ejemplo.
Es por esta razón que el economista y doctor en historial Daniel Lahoud sostiene que el ajuste duró entre 1989 y 1991, fecha en que «volvimos a esa vida espléndida que llaman ‘rentismo petrolero'».
Con todo y esto, la tensión se negó tenazmente a desaparecer, y en el Congreso habían quienes decían que Pérez no había sabido explicar al país las medidas que se iban a tomar, que más bien fue una especie de traición que afectaba sin piedad a la clase más baja. Otros, por el contrario, defendían al mandatario y su gestión, argumentando que se estaba, con responsabilidad y coraje, enderezando el rumbo y transformando para mejor la vida del ciudadano, y que aquellas manifestaciones que no cesaron durante todo el año 1990, continuando en 1991, eran producto de las malas actuaciones de gobiernos anteriores.
Pero, así como las protestas se mantenían vigentes, los casos de corrupción también, en esta oportunidad sería uno que afectaría directamente el corazón de las Fuerza Armada al denunciarse al general de división Herminio Fuenmayor, quien fuese el ex director de Inteligencia Militar. Se le culpaba de espionaje y narcotráfico. Por otra parte, se culpó a Orlando García y Rogelio Ugarte, de propiciar actos de corrupción a través de dinero destinado para reparar fragatas.
Aun así, el gobierno no desaceleró su programa y luego de haber restablecido las garantías económicas, procedió a eliminar el precio de venta al público (P.V.P), lo que significaba la liberación de ciertos precios de bienes de consumo. A su vez, el Banco Central de Venezuela (B.C.V) colocaba en circulación el billete de 1.000 bolívares, una acción que para muchos quería decir que al presidente le había quedado grande detener la inflación, sobre todo cuando la misma arrojaba porcentajes superiores a los 30 puntos, y había un dólar que se cambiaba a 60 bolívares.
Todo este cuadro de malestar en el que los dirigentes sindicales hacían llamados a un paro nacional, y los medios de comunicación emitían las denuncias de los ciudadanos que decían ver desmejorar la calidad de los servicios públicos, contrastaba con los 62 viajes al exterior que realizó Carlos Andrés Pérez durante su estancia en Miraflores, así como las galas organizadas para recibir a otros mandatarios, en total a 143. Todo esto fue utilizado eficazmente en su contra, por lo que cada año perdía popularidad.
Parte IV: el por ahora
El dos de febrero de 1992 Carlos Andrés Pérez cumplía dos años en la presidencia de la República, se encontraba para entonces participando en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Los repetidos anuncios de un posible golpe de Estado los descartó siempre con contundencia al afirmar que aquellos episodios eran imposibles en la Venezuela democrática y que en los cuarteles los militares le habían reiterado una y otra vez su compromiso con la constitución.
Para hombres como el empresario y periodista Marcel Granier, el presidente Pérez tuvo un exceso de confianza en las personas que lo rodearon, al considerarse siempre como intocable por la cúpula militar. El escritor Arturo Uslar Pietri fue uno de los tantos que en varias ocasiones, incluso, cayó en lo repetitivo al anunciar que había una situación de alerta que atender en los cuarteles.
Al aterrizar en Caracas, Pérez fue recibido por un clima más amable, atrás quedaban las frías temperaturas suizas. Se sentía nuevamente en casa, aunque desde un primer momento sus más cercanos allegados le hubiesen vuelto a contar lo que se murmuraba en las calles. A las 12 a.m. del cuatro de febrero, lo imposible tomó la forma de cinco unidades de municiones, dentro de las que se encontraba un batallón de paracaidistas, que bajo consignas del libertador Simón Bolívar, procedieron al intento de deponer a fuerza de las armas al séptimo presidente elegido por sufragio popular.
Ese día por la noche, el general de división Carlos Julio Peñaloza Zambrano, quien se había desempeñado hasta hacía unos meses atrás como comandante del Ejército, declaró en vivo para un conocido programa de televisión nacional, que él mismo había pasado informes al presidente sobre la conspiración que se estaba tejiendo dentro de los cuarteles, a manos de los miembros del denominado Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200).
La vida de Carlos Andrés Pérez, como la de su familia, estuvo en riesgo durante largas horas cuando los insurrectos abrieron fuego contra la residencia presidencial. Un país trasnochado se enteraba por los medios de comunicación que Miraflores estaba bajo asedio.
En un acto de valentía la primera dama, Blanca Rodríguez de Pérez, enfrentó a varios de los militares luego de que algunos miembros de la escolta presidencial cayeran muertos o heridos. Por otro lado, el ministro de la defensa, Fernando Ochoa Antich, conseguía montar en un auto al presidente y conducirlo a un canal de televisión para que diera declaraciones en cadena nacional.
Cerca de las 4:30 de la mañana, Carlos Andrés Pérez transmitía sus impresiones sobre los hechos. En su rostro, que decía más que sus palabras, se veía la impotencia, el descontento y el asombro. Horas más tarde se daban a conocer los nombres de los golpistas cuyo plan de acción bautizado como “Operación Zamora”, iba desde el Distrito Capital hasta el estado Zulia: Hugo Chávez Frías, Jesús Ortiz Contreras, Francisco Arias Cárdenas, Francisco Urdaneta Hernández, y Joel Acosta Chirinos.
El comandante del batallón de paracaidistas, Chávez Frías, asumió la responsabilidad de la insurrección y por medio de la señal televisiva solicitó a sus compañeros deponer las armas, alegando que “por ahora” los objetivos planteados no habían sido logrados.
Múltiples fueron las declaraciones de dirigentes políticos dentro y fuera del país que respaldaron al presidente Carlos Andrés Pérez y repudiaron los hechos violentos donde murieron 32 personas y 95 más resultaron heridas, según cifras oficiales. A CAP no le quedó más remedio que volver a suspender las garantías, era la segunda vez que lo hacía en un lapso de tres años.
En el Congreso, la sesión celebrada dejó unas cuantas intervenciones que pasaron a la historia, entre las que resaltan las del senador David Morales Bello, quien exclamó: “Mueran los golpistas”. Y la del senador vitalicio Rafael Caldera, al decir: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer […]”.
Dirigentes políticos como José Vicente Rangel, auguraron que aquel hecho fracturaría el sistema de dominación, haciendo referencia a los partidos tradicionales que habían estado alternándose en el poder. Unos meses después, esto parecía concretarse cuando Carlos Andrés Pérez, tras varias reuniones con militantes de Copei, Causo R, e incluso su mismo partido AD, no lograba hacerse con apoyos suficientes que le ayudaran a repuntar en la popularidad.
Ante tal panorama, decidió hacer nuevamente cambios en su gabinete y apostar por la creación de un Consejo Consultivo, el cual tendría como objetivo hacer una exhaustiva revisión de la situación nacional en aras de formular propuestas de cambio que permitiesen mantener y reforzar el sistema democrático, político y económico del país. Esto último no resultó del todo positivo para Pérez, puesto que, entre los planteamientos que recibió se encontraba su renuncia y el llamado a una asamblea constituyente, las cuales rehusó a atender. Sin embargo, el 10 de marzo consiguió un convenio con Copei para la conformación de un gabinete ministerial que se denominó Acuerdo Nacional.
Muy probablemente, este compromiso adquirido con Copei, y el cacerolazo del 10 de marzo, conllevaron al presidente a decidirse por detener los aumentos de precios en diferentes bienes y servicios, a crear el Megaproyecto Social con presupuesto de cuatro mil millones de dólares para atender las denominadas áreas prioritarias (salud, agua y educación), y a hacer un ajuste al alza en las tasas de impuestos, además de crear otros nuevos.
La petición de renuncia a CAP empezó a sonar cada vez con mayor intensidad y frecuencia, al punto que individuos como el ex presidente y senador vitalicio Rafael Caldera, la respaldaron.
Otro episodio oscuro y controversial de aquel trascendental año 1992, y que no puede pasar desapercibido, fue la denuncia emitida los días seis y siete de febrero por parte de diversos dueños de medios de comunicación como El Nacional, El Diario de Caracas, o las revistas Élite y Zeta, quienes decían que a sus instalaciones habían irrumpido de manera arbitraria funcionarios policiales y militares para inspeccionar lo que se iba a publicar.
Parte V: del 4 al 27
Prácticamente 10 meses habían transcurrido desde que el país fue sacudido por el intento de derrocar al presidente, cuando los nuevos rumores de golpe tomaban nuevamente cuerpo, y esta vez con acciones violentas mucho mayores.
Los contralmirantes Hernán Grüber Odremán (jefe de la operación) y Luis Enrique Cabrera Aguirre, el general de brigada de la Fuerza Aérea Francisco Visconti Osorio, el coronel del Ejército Higinio Castro y el mayor de la Guardia Nacional Carlos Salima Colina, fueron reconocidos como los responsables.
Los insurrectos eran fieles militantes del MBR-200 que seguían haciendo vida en los cuarteles. Aquel viernes 27 de noviembre de 1992, los venezolanos vieron desde temprano por la televisión, tomada por los rebeldes, una grabación del teniente Hugo Chávez, quien se encontraba detenido en la cárcel de Yare. A su vez, los insurrectos se alternaban frente a la cámara para solicitar a los ciudadanos salir a las calles a apoyar el movimiento. Para poder realizar esta acción, se tomaron las instalaciones de Venezolana de Televisión, dejando como resultado el asesinato de sus vigilantes.
De esta manera el golpe iniciaba con una violencia desmedida, Carlos Andrés Pérez consiguió hablar a los venezolanos a través del canal privado, Televen, único que no fue invadido por el grupo de militares alzados. Se supo entonces que había movimiento de tropas en la Base Aérea Libertador (Maracay, estado Aragua), en la Base Aérea Francisco de Miranda (área metropolitana de Caracas), en la sede de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), y en los alrededores del Palacio de Miraflores.
El primer mandatario fue enfático al decir en cadena nacional que desde hacía tiempo los organismos de inteligencia del Estado habían puesto el foco sobre este movimiento el cual estaría protagonizado por extremistas civiles que fueron parte de los movimientos guerrilleros de la década de 1960, y que todavía creían que existía la Unión Soviética.
Las declaraciones dejaban saber, una vez más, que el golpe le había tomado por sorpresa, y que por más que lo negara, existían grandes conflictos en el interior de la Fuerza Armada Nacional, al punto que muchos políticos, periodistas e intelectuales de renombre, empezaban a asegurar que los destinos del país estaban en manos de los militares.
Para siempre volvían a quedar grabadas imágenes de lo que para la mayoría significaba el resquebrajamiento de la democracia.
Hombres como Eduardo Fernández, el antiguo rival electoral de Pérez, salía declarando su apoyo al presidente constitucional y a las instituciones democráticas, pero, solicitaba una corrección de las medidas económicas puestas en prácticas a las que consideraba detonantes de los últimos sucesos violentos.
Las imágenes de aviones militares que sobrevolaban Caracas, bombardeando la Base Aérea Francisco de Miranda, las sedes de los Ministerios del Interior y de Exteriores, y el Palacio de Miraflores, parecían de una película de guerra hollywoodense. Al cabo de dos días el ministro de la defensa, Iván Jiménez, ofrecía un balance de los hechos donde se informaba que unas 171 personas habrían muerto, y que se detuvieron a 500 oficiales y a 700 soldados de tropa. Los jefes de la revuelta fueron: Francisco Visconti, Hernán Gruber Odremán, Luis Enrique Cabrera Aguirre, y Luis Ramón Reyes Reyes.
Para agregar dificultades, el mismo 27 de noviembre tuvo lugar un motín en el Retén de Catia, que, según datos aportados por el Ministerio de Justicia, dejó un saldo de 63 muertos, mientras que el periódico El Nacional decía que la cifra llegaba a cerca de los 200.
Todos estos hechos debilitaron gravemente la imagen del presidente quien parecía perplejo todavía al observar lo diferente que había sido su primer gobierno hacía solamente 15 años atrás. Los masivos apoyos dentro de la ciudadanía y en el seno de los partidos, se habían diluido.
El nerviosismo y la incertidumbre condujo al gobierno a tomar múltiples decisiones controversiales, entre ellas estuvo la militarización de la Universidad Central de Venezuela (UCV), las sanciones contra Radio Rumbos, y la orden de suspensión del programa televisivo de José Vicente Rangel, desde el cual éste había denunciado el 8 de noviembre una malversación de 250 millones de bolívares (algo más de 17 millones de dólares a tasa oficial) de la Partida Secreta para la Seguridad del Ministerio de Relaciones Interiores, hecho en el que se involucró directamente al presidente. El periodista Andrés Galgo lo secundó desde su columna “Laberinto”.
Parte VI: La Partida Secreta
Para el 17 de noviembre, el diputado Nelson Chitty La Roche, a la cabeza de la Comisión Permanente de la Contraloría de la Cámara de Diputados, quedaba por medio de sesión, encargado junto a nueve compañeros más, de la Subcomisión Especial que llevaría a cabo las investigaciones pertinentes en torno a la veracidad sobre la que se sustentaba la denuncia de malversación de 250 millones de bolívares de la Partida Secreta para la Seguridad, adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores. El Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio realizó las averiguaciones con total libertad y con el beneplácito del mismo presidente Carlos Andrés Pérez, quien dijo con serenidad que no se iba a interponer en ningún momento al procedimiento establecido por la ley.
El presunto delito se remontaba a un hecho acontecido el 22 de febrero de 1989 cuando la ministro de hacienda, Eglé Iturbe de Blanco, lleva al consejo de ministros la petición presidencial para corregir el presupuesto dirigido a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, que tiene que ver con gastos no imputables de “servicios de inteligencia, seguridad del Estado y orden público”. Esto quedó asentado dos días después en Gaceta Oficial N.º 34.166, luego de haberse tramitado ante la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE).
Los gastos fueron apuntados de la siguiente manera en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República:
Orden de Pago Especial N.º 5062 de fecha 02 de marzo de 1989
- Gastos de personal…………………………………………Bs. 162.500.000
- Gastos de protección a personalidades…………………….Bs. 50.000.000
- Gastos de movilización de
los cuerpos de seguridad del Estado………………………………………………….…….Bs. 37.500.000
- Total……………………………………………………………..Bs. 250.000.000
Ese mismo dos de marzo, se efectuó la solicitud ante la oficina del Régimen de Cambio Diferencial (RECADI), para llevar los 250 millones de bolívares a dólares, a una tasa de cambio preferencial de 14,50.
El periodista José Vicente Rangel dijo el 24 de noviembre de 1992, ante la Subcomisión Especial, que la decisión del presidente Pérez, de cambiar aquel dinero a una tasa preferencial los últimos días que RECADI estuvo en funciones, era una clara evidencia de su incongruencia, puesto que, durante toda su campaña presidencial repudió la existencia de dicha institución por considerarla un “centro de corrupción.”
Ya para el nuevo año 1993, las investigaciones habían avanzado al punto que el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, solicitó formalmente el 11 de marzo a la Corte Suprema de Justicia un ante juicio de mérito contra el presidente y sus exministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo Planchart. Basado en los artículos 58 y 60 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, se les acusaba de los delitos de “peculado y malversación”, respectivamente.
Uno de los detonantes de la decisión del fiscal Escovar Salom, fueron las contradicciones halladas en las respuestas ofrecidas por el presidente y los ex ministros, así como lo registrado en los documentos archivados en el Banco Central, institución encargada del traspaso del dinero.
Al parecer, el primer cheque (N.º 11243329) emitido y con el cual se compraron divisas, fue efectivamente retirado por la persona autorizada por el Ministerio de Relaciones Interiores, pero el segundo cheque (N.º 11245330), destinado a la misma función del primero, y con el cual se cerraba la solicitud, tenía inconsistencias en las fechas de recibido por el funcionario delegado del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.
Cronograma de entrega de los cheques:
- El Cheque N.º 11243329 por Bs. 7.250.000,00 con los que se compraron 500.000 dólares, fue retirado el mismo día de su emisión el 08 de marzo de 1989 por Carlos Vera, Director General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de Relaciones Interiores.
- El cheque N.º 11245330 por Bs. 242.720.000,00 con los que se compraron 16.741.379,31 de dólares, fue retirado el 21 de marzo de 1989 por Oscar Barreto Leiva, Director General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, y por Omar Jacobskind, Director de Administración del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Pero en el cheque figuraba la fecha 17 de marzo.
El mismo Carlos Andrés Pérez en cadena nacional del 10 de marzo de 1993, decía que probablemente los ministros no habían informado el cambio en el cobro del dinero para evitar demoras con los trámites burocráticos. En este sentido los ministros posteriormente corroboraron esta versión, quedando sentado que se había violado el artículo 1 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario.
A su vez, había un detalle que no se dejó pasar por alto, este fue que RECADI había oficialmente cerrado el 13 de marzo de 1989, según Gaceta Oficial N.º 34.177, por lo que se argumentaba que la última compra de divisas realizada con el cheque expedido por el BCV, debió hacerse con el nuevo tipo de cambio de 37,60. El hecho de que los 272.720.000 Bs. se hubiesen cambiado el 21 de marzo a tasa de 14,50 hacía que existiera una diferencia de 10.286.060,17 dólares.
Los cuestionamientos no se hicieron esperar, para muchos el acto correspondía a un episodio más de corrupción en el que los funcionarios de más alto nivel estaban involucrados. Arturo Uslar Pietri declaraba en El Nacional (15/03/93), que la solicitud realizada al Fiscal General para la investigación del caso era “necesaria e imprescindible”. Y el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Teodoro Petkoff, así como el senador vitalicio y expresidente Rafael Caldera, recomendaban al presidente colocar su cargo a la orden para así evitar otra posible revuelta popular similar a la de 1989.
Ante este panorama de tensión e incertidumbre, donde el bullicio de la calle se había calmado para observar atento el desenlace del caso, el presidente Pérez exclama a la prensa el 14 de marzo de 1993:
“No explicaré en qué se gastaron los 250 millones de bolívares, puesto que los gastos de Seguridad y Defensa son secretos.” Y más adelante dice: “[…] si se va a desconfiar de lo que los mandatarios van a hacer con la Partida Secreta, entonces hay que eliminarla.”
Y no dejó de advertir que la denuncia le parecía más un acto de intereses políticos que cualquier otra cosa, y que quienes apoyaron de alguna manera los intentos de golpe, ahora se inventaban otro mecanismo para sacarle a la fuerza del poder, pero que con todo y ello, no iba a desconocer jamás “una decisión de alguna autoridad del país.”
En este mismo sentido el Fiscal Escovar Salom manifestaba en entrevista al diario El Nacional que: “El hecho de que sean fondos secretos, no quiere decir que no son fondos públicos y no pertenezcan al Estado. […] Creo que en un futuro habrá que reglamentar estas partidas.”
La diatriba generada y expresada en el choque de opiniones convierten al país en tema central de varios medios de comunicación internacionales, quienes conocen perfectamente la figura de Pérez puesto que el mandatario desde su primer periodo presidencial se había afanado por figurar en primeras planas al mantener constantes reuniones con líderes políticos de renombre mundial, y al desempeñarse como intermediario para la solución pacífica de disputas, como fue el caso de la nacionalización del Canal de Panamá.
Parte VII: otra muerte
Entre declaraciones de dirigentes políticos que solicitan la renuncia del presidente, y reuniones secretas de varios partidos donde ya se discute el nombre del posible sucesor, amanece el 20 de mayo de 1993, día este en el que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gonzalo Rodríguez Corro, reelecto para su cargo escasos días atrás, da a conocer la decisión, con nueve votos a favor y seis salvados, de que existen pruebas sólidas suficientes para someter al presidente Carlos Andrés Pérez a un ante juicio de mérito por malversación y peculado, así como a los exministros Izaguirre y Figueredo Planchart.
Este mismo 20 de mayo, Carlos Andrés Pérez emitió al país lo que para muchos es su más famoso discurso del cual se recoge la frase que simboliza el sentimiento que le produjo aquel hecho: “[…] no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte.”
Ante el momentáneo vacío de poder, el Congreso designa a Ramón J. Velázquez como presidente temporal de la República. El 31 de agosto el mismo Congreso declara la falta absoluta del presidente Pérez, y convierte así al historiador Velázquez en el encargado de finalizar el periodo gubernamental, fallo al que se niega rotundamente Pérez al considerar que viola lo establecido en las leyes, y que denuncia como producto de una amañada interpretación de los artículos 150, 186, 187, y 188 de la Constitución, pues se debía esperar a que se desarrollara el juicio y se diera un veredicto.
Finalmente, durante el juicio se confirma el rumor que desde hace tiempo va de boca en boca, que el dinero de la Partida Secreta para la Seguridad, adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, habría sido usado para proveer seguridad personal a Violeta Chamorro, durante su candidatura y posterior toma de posesión en 1989 en Nicaragua. En tal sentido, el excomandante del Comando Especial Táctico de Apoyo de la Policía Metropolitana (CETA), Freddy Bernal, contaba la operación encomendada por Pérez, la cual consistió en proporcionar seguridad a Chamorro durante siete meses. Y la misma Chamorro, ya para entonces presidente de Nicaragua, en carácter de “perito-testigo”, confirmaba los hechos.
Carlos Andrés Pérez, como ya lo había hecho previamente, volvió a alegar que era importante entender que muchas veces la seguridad del país va más allá de sus fronteras, y que lo que sucede en un país vecino puede tener repercusiones en Venezuela.
Pese a su defensa, el 30 de mayo de 1996 es condenado por la Corte a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario por el delito de “malversación agravada”, y se exige “restituir, reparar el daño o indemnizar los perjuicios inferidos al patrimonio público.”
Así, culmina prácticamente la vida política de uno de los personajes más influyentes y controversiales de la era democrática venezolana. Este segundo periodo de gobierno sigue estando sujeto a profundas discusiones que caldean los ánimos de los más calmados tertulianos. Para algunos, el juicio y la sentencia fueron correctos, y demostraron la existencia de la división de poderes del Estado, además de haber permitido salvar la democracia en vista de que, una vez Pérez sale del cargo, no acontecieron nuevos golpes militares, ni violentos disturbios populares. Para otros, contrariamente, fue una gran injusticia donde se demostró que los complots políticos pueden llegar muy lejos y ser muy peligrosos, a su vez que consideran, fue el verdadero comienzo del fin del periodo democrático que quedó sellado con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998.
Bibliografía
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¡Hola! Soy periodista de Venezuela. Abordo temas de política y economía, de interés nacional e internacional, para La Ventana Rota, Diario La Nación del Táchira, y La Ventana Rota podcast.
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