Por Diego Mendoza

Delincuentes, víctimas y policías cayeron al suelo en medio de una ráfaga de disparos y de gritos que fue transmitida en vivo y directo por las cámaras de televisión a todo el país.

En vísperas del nuevo año 1995, el ministro del Interior, Ramón Escovar Salom, se dirigía a los venezolanos a través de los medios para garantizar el máximo esfuerzo por parte del gobierno presidido por Rafael Caldera para combatir la inseguridad.

Así mismo, expresó en otras ocasiones la existencia de un estado de emergencia nacional en materia de seguridad debido a la carencia de recursos y la incapacidad policial, y mostró preocupación ante la situación de zonas fronterizas con Colombia donde los ganaderos y hacendados son secuestrados y llevados territorio del vecino país desde donde piden el pago de los rescates.

1994 había sido un año sumamente violento, según reseña una nota de prensa de la época, la Policía Técnica Judicial (PTJ) señaló que en los primeros nueve meses del año, “se produjeron en Venezuela 3.457 homicidios, 33.000 delitos contra las personas y 136.249 contra la propiedad, de los cuales 23.600 robos de vehículos”.

El ministro Escovar Salom sostenía al mismo tiempo que en el país «no existe una cultura de la seguridad», puesto que «la gente se enreja, pero no se desarrolla una lucha continua y cotidiana» para vivir más seguros.

Aquél mensaje parece haber alentado a los delincuentes, que pese a los muros, las cercas, las garitas de vigilancia, y las amenazas de los políticos, siguieron cometiendo fechorías.

Miedo:

Una muestra de esto fue lo hecho el 23 de junio de 1995 por Juan Antonio Alberto Peña, Óscar García Salazar, Juan Manuel Méndez Rojas y Rubén Darío Rojas, en el municipio Baruta del Distrito Capital.

Los cuatro sujetos intentaron robar la quinta Fiorenza ubicada en la Urbanización Colinas de San Román, a la altura de la calle Chivacoa. Tres de estos, los dos juanes más Rubén, ingresaron a la casa para amordazar a la familia y extraer sus bienes, mientras Óscar permanecía estacionado en un auto en la calle, listo para la huída, como se relata en Crónicas de Tánatos

Pero gracias a una llamada telefónica al cuerpo de policía municipal, los delincuentes se vieron obligados, ante el temido sonido de las sirenas, a abandonar el lugar. El primero en darse velozmente a la fuga fue Óscar, mientras sus compañeros buscaron una salida de emergencia, no sin antes llevarse raptado al joven Claudio Patricio Taddei.

Entre la carrera de huída, los disparos al aire y la desesperación los delincuentes soltaron al rehén y se metieron al Instituto de Clínicas y Urología Tamanaco, mejor conocido como el Urológico de San Román.

En ese instante Juan Antonio Peña y Juan Manuel Méndez se dieron cuenta que su otro compañero, Rubén Darío, se había perdido por el camino, quedando ellos dos sólos ante los funcionarios de seguridad que empezaron a rodear la zona.

Asustados pero llenos de malicia, ambos sujetos no dudaron en tomar como rehén a las personas que encontraron en el sitio. Entre ellas estaban, según se recoge en una artículo de Analítica, la doctora Gloria Ojeda, la enfermera Virginia Castro, la recepcionista Aída Molina de Valbuena, la secretaria Zulay Quintero, y una quinta dama que logró huir.

Según las diversas fuentes consultadas, estos hechos ocurrieron alrededor de la 1 p.m., y rodeando el Urológico de San Román llegaron a haber más de 200 efectivos de seguridad. A su vez, hicieron acto de presencia las cámaras de la televisión, que a través de cada noticiero fueron dando detalle de lo que ocurría.

Caos:

Las negociaciones con los captores habrían estado a cargo desde un primer instante de Gustavo Moros, jefe de patrullaje de la Policía municipal de Baruta, quien tras largas horas logró llegar a un acuerdo con los delincuentes, quienes solicitaron un vehículo para huir con las rehenes.

El momento de la salida de los captores quedó grabada para la historia al igual que lo que sucedería después.

Eran las cinco de la tarde cuando se presenció la salida del centro médico. Ambos, Juan Antonio Peña y Juan Manuel Méndez, usaban a las rehenes como escudo, y con sus armas les apuntaban directo a la cabeza. Montaron el vehículo dispuesto para su escape e intentaron encenderlo.

Rápidamente los delincuentes se percataron que habían sido engañados, puesto que las llaves no eran las de la Toyota Land Cruiser de color gris a la que habían subido. Lo que los llenó de cólera, presionando el cañón de sus armas en la sien de las víctimas y gritando amenazas a los funcionarios de seguridad. 

Para entonces, ya hacían acto de presencia en el lugar miembros de la Policía Metropolitana de Caracas, de la Policía Técnica Judicial (PTJ), de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y, por supuesto, de la Policía de Baruta. Según reseña que hace de estos hechos el medio El Diario, fueron posicionados en el lugar 35 francotiradores.

La solución fue colocar un nuevo vehículo a disposición. Una Toyota Samurai de color rojo, llevada al sitio por el comisario de la PTJ, Alberto Morales. Pero el justo instante en el que los antisociales iniciaron el trasbordo, alguien activó el gatillo de su arma, lo que generó un efecto dominó, con ráfagas de disparos en distintas direcciones.

Los reporteros del lugar, al igual que los televidentes, no podían entender con exactitud lo que ocurría. El sonido de las balas, los gritos, las órdenes de mando y el ruido de los cuerpos cayendo en el pavimento se apoderaron de una escena que pareció eterna y que hasta la actualidad está llena de controversia e indignación.

Silencio:

Tras el bullicio vino un silencio ensordecedor en el que los presentes se llevaron las manos a la cabeza. El resultado del confuso enfrentamiento fue de cuatro muertos y ocho heridos. 

Entre quienes perdieron la vida en el acto se encuentran la enfermera Virginia Castro, la recepcionista Aída Molina de Valbuena, y los dos secuestradores Juan Antonio Peña y Juan Manuel Méndez.

La doctora Gloria Ojeda recibió siete disparos, muriendo 11 días después del suceso, y otra víctima mortal fue el comisario Sotero Pérez, de la Brigada de Acciones Especiales (B.A.E.) de la PTJ.

Durante las horas posteriores a la tragedia ofrecieron sus opiniones los ministros del Interior y de Justicia, Escovar Salom y Rubén Creixems, respectivamente, el Fiscal General de la república Iván Darío Badell, y los comisarios José Ramón Lazo Ricardi y Eleazar Cuotto Rendón, director y subdirector respectivamente de la PTJ.

Se formularon múltiples denuncias y críticas. La opinión pública y los familiares de las víctimas exigían una respuesta ante lo ocurrido, así como aplicar los correctivos necesarios en los cuerpos de seguridad del Estado que ese fatídico día demostraron una completa negligencia.

El caso llegó a estar en manos de una comisión especial de la cámara de diputados del extinto Congreso de la República, la cual determinó que hubo un procedimiento incorrecto, pero sin ofrecer mayores de detalles acerca de si fueron los mismos funcionarios que activaron sus armas contra las rehénes al intentar abatir a los secuestradores.

Fin de año:

Así las cosas, 1995 acabó por ser otro año donde las cifras de violencia fueron en franco aumento. Se registraron un total de 4.481 homicidios, para una tasa de 21 por cada 100.000 habitantes, y una tasa de secuestros de 51 por cada 100.000 habitantes.

Y Caracas lideraba las estadísticas al registrar una tasa de 88 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Ese mismo año también ocurrieron otros casos muy sonados como la llamada masacre de Carabobo, el asesinato del beisbolista Gustavo Polidor, y el carro-bomba en el estacionamiento del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT).

Al siguiente año, 1996, a nivel nacional, los homicidios se convirtieron en la principal causa de muerte para los jóvenes varones con edades comprendidas entre los 15 y 24 años, y la segunda en el caso de las mujeres, como se sugiere en el trabajo Evolución de la criminalidad en Venezuela (1990-2015).

Cubrimiento del noticiero de RCTV

Cubrimiento del noticiero de Venevisión

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