Por Diego Mendoza

En el periodo comprendido entre 1948 y 1958 se instauró en el país un régimen militar que hasta la fecha despierta debates en torno a su plan de obras públicas

Es común toparse en las redes sociales con mensajes en los que se enaltece la figura de la dictadura militar, sobre todo, aquella que estuvo bajo la dirección del tachirense Marcos Evangelista Pérez Jiménez, debido a la construcción de notables proyectos de infraestructura por parte del Estado, siendo reconocido en 1953 por la Asociación Americana de Constructores de Carreteras.

La buena imagen que tienen estas personas sobre el dictador, ha llevado a crear varios mitos en torno a su figura, como, por ejemplo, que el bolívar llegó a ser cambiado a la par del dólar estadounidense, o que, durante su mandato se realizaron más obras que durante la llamada “era democrática”, que duró 40 años.

Esta nostalgia sobre el régimen militar no es nueva, de hecho, algunas figuras de la opinión pública venezolana, como la escritora Thays Peñalver, han sostenido que el ansia por volver a la década de 1950 fue lo que hizo que millones de ciudadanos votaran por Hugo Chávez Frías en diciembre de 1998, un ex teniente coronel que años antes había dirigido un intento de golpe de Estado.

Y aquel mismo año electoral, por primera vez en cuatro décadas, tres militares se presentaron como candidatos presidenciales.

El mito de las obras públicas

Los entrevistados, César Báez y Robb Túa, miembros activos de Estudiantes por La Libertad Venezuela, una organización libertaria internacional, sostienen que el peso de la dictadura militar en el imaginario popular supera la realidad, mostrándose opuestos no sólo al mito perezjimenista, sino también al sistema de desarrollo implementado en la época.

“El gran mito de Pérez Jiménez tiene que ver con el desarrollo de infraestructuras públicas, sin embargo, resulta interesante comparar sus datos con los períodos democráticos, durante los cuales, por ejemplo, se construyeron más carreteras, hospitales y escuelas, e incluso, aumentó el acceso a servicios públicos”, sostiene Báez.

En este sentido, Túa expone algunos datos comparativos, en los que menciona que “la dictadura asfaltó un total de 2.947 kilómetros de vías, cifra que le deja en cuarto lugar después del segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, la presidencia de Raúl Leoni, y la de Rómulo Betancourt, siendo esta última la que abrió y asfaltó más vías en todo el país, con un total de 6.956 kilómetros”.

Estas posturas se alínea con las de Mario Buffone, quien en su ensayo Obras de la Democracia, cuarenta años de historia mal contados, hace una recopilación y comparación del desarrollo que se llevó a cabo en cada periodo, en materia de infraestructura.

Buffone explica, por ejemplo, que durante la alternancia en el poder vía voto secreto y universal a partir de 1959 y hasta 1998, se comenzaron 78 de los 99 embalses existentes en el país, elevándose la capacidad instalada de “602 megavatios en 1957 a 21.633 en 1998 y la población con servicio eléctrico pasó del 36% en 1958 al 93% en 1998”.

Así mismo, “el suministro de agua potable creció de 144 millones de m3 en 1958 a 3.294 en 1998 y la población con este servicio pasó del 31% en 1958 al 84% en 1998”. Siendo, además, construidas 1.496.306 viviendas, entre ellas, “436.039 casas rurales que se empezaron a construir desde 1959; nunca antes se habían construido viviendas para la población campesina”.

Este último dato es reforzado por César Báez, para quien el progreso de la infraestructura se concentró durante la dictadura militar en las grandes ciudades del país, haciéndose poco para que el sector campesino creciera a partir del esfuerzo propio y la función empresarial.

“Creo que la gran diferencia estuvo en que el régimen de Pérez Jiménez se concentró en hacer obras de gran envergadura, para conseguir un mayor impacto visual, así como respeto por el Estado”, como en el caso de Las Torres  del Centro Simón Bolívar, el Hotel Humbolt, y el Teleférico de Caracas.

La viabilidad del sistema

Pero esta política de desarrollo también conlleva a formular preguntas como su sostenimiento en el tiempo y los beneficios o perjuicios que suponen que sea el Estado quien desarrolle todas las áreas económicas del país.

Este sistema habría iniciado en el régimen  de Juan Vicente Gómez, quien tuvo las riendas del país por 27 años, y durante el cual los venezolanos percibieron un aumento significativo del ingreso fiscal a partir de la actividad petrolera, según varios textos de figuras como la historiadora y economista Catalina Banko, así como del fallecido antropólogo, Fernando Coronil.

Para César Báez y Robb Túa, el intervencionismo estatal, bien fuese durante la dictadura o durante la era democrática, llevó a grandes problemas para el progreso individual, al crear un estado elefantiásico que se hacía cada vez más ineficiente, corrupto y distorsionaba las señales del mercado, así como los incentivos.

“La dictadura no dio rienda suelta al desarrollo venezolano, protegiendo la empresa privada, dando garantías a la propiedad privada y no ensanchando al Estado, como lo hubiera hecho una democracia liberal. Pero también, hay que considerar que la era democrática falló por su afán de crear un Estado de bienestar enorme, terminando por cercenar las oportunidades de que mucha gente saliera adelante, y creando trampas de pobreza. Así que es perfectamente posible criticar a ambos por ello”, manifiesta Báez.

La invocación al dictador

Pese a que son innumerables los usuarios de redes sociales que a diario exaltan la figura del dictador a partir de sus obras públicas, Robb Túa rebate esta postura, asegurando que la solución a los problemas que aquejan al país pasan por “construir instituciones fuertes que verdaderamente amplíen las libertades individuales”.

“Hay gente que sostiene que lo que necesitamos es un hombre fuerte, con mano dura, un Marcos Pérez Jiménez, precisamente porque están viviendo las consecuencias de las fallas que tuvo el sistema democrático. Pero, contraria a esta posición, lo que se debe buscar es la igualdad ante la ley, las reglas claras y la transparencia”, dice Túa.

César Báez, reafirma la idea y sugiere que “el Estado debe abocarse al respeto de los derechos individuales, a generar consensos en la sociedad, y a proteger la propiedad privada y la vida de las personas, y eso solo es posible en una democracia liberal”.

“Invocar a un dictador no nos traerá nada bueno. Hay que tener presente que lo fácil de la dictadura es cuando empieza, pero lo difícil viene cuando no entrega los resultados esperados y el poder que se le ha dado sobrepasa al de los ciudadanos, lo que impide la rendición de cuentas y su remoción del poder, y es eso, justamente, lo que vivimos actualmente”, advierte Báez.

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